Existe una idea profundamente arraigada en el mundo empresarial: pensar que los problemas económicos pueden resolverse simplemente dejando pasar el tiempo. Muchos empresarios confían en que aparecerá un nuevo cliente, una financiación inesperada o un contrato importante que permitirá revertir la situación. En ocasiones ocurre, pero la experiencia demuestra que, cuando una empresa ha entrado en una situación de insolvencia, esperar suele convertir un problema grave en uno mucho más difícil de solucionar.
En nuestro despacho observamos con frecuencia que el mayor enemigo de una empresa insolvente no es la falta de liquidez, sino el retraso en la toma de decisiones.
La insolvencia no aparece de un día para otro
La mayoría de las insolvencias no nacen de forma repentina. Son el resultado de meses, e incluso años, de pequeñas decisiones, retrasos en los cobros, incremento de costes, pérdida de clientes o financiación excesiva.
Las primeras señales suelen ser fácilmente identificables:
- dificultad para pagar impuestos o seguros sociales;
- utilización constante de pólizas de crédito para atender gastos corrientes;
- retrasos en el pago a proveedores;
- incremento continuo de la deuda bancaria;
- utilización del patrimonio personal para sostener la empresa;
- imposibilidad de generar tesorería suficiente para el funcionamiento ordinario.
Cuando estas circunstancias comienzan a repetirse, ya no estamos ante un problema puntual de liquidez, sino ante un posible escenario de insolvencia que debe analizarse con rigor.
Esperar tiene un coste
Muchos empresarios retrasan la adopción de medidas porque consideran que solicitar un concurso supone reconocer el fracaso de su proyecto empresarial.
Sin embargo, la realidad jurídica es muy distinta.
El Derecho Concursal no pretende castigar al empresario que atraviesa dificultades económicas. Su finalidad es ordenar la situación patrimonial, proteger los derechos de los acreedores y, cuando sea posible, permitir la continuidad de la actividad.
El problema aparece cuando el empresario decide no actuar.
Cada mes que transcurre sin adoptar decisiones puede provocar:
- un incremento del pasivo;
- nuevas reclamaciones judiciales;
- embargos;
- derivaciones de responsabilidad tributaria o de Seguridad Social;
- pérdida de valor del negocio;
- mayores dificultades para una eventual reestructuración.
En definitiva, cuanto más tarde se actúa, menores son las posibilidades de conservar la empresa.
El concurso ya no debe verse como un fracaso
Durante muchos años el concurso de acreedores estuvo asociado al cierre definitivo de las empresas.
La realidad actual es diferente.
Las sucesivas reformas concursales han intentado transformar esta institución en una herramienta de reorganización empresarial. Existen mecanismos que permiten negociar con acreedores, vender unidades productivas, reorganizar la actividad e incluso cerrar empresas de forma ordenada cuando ya no resulta viable continuar.
El objetivo ya no es únicamente liquidar, sino encontrar la solución jurídicamente más adecuada para cada situación.
La importancia de anticiparse
Un diagnóstico realizado a tiempo ofrece muchas más alternativas.
Cuando el empresario solicita asesoramiento antes de que la situación sea irreversible, pueden estudiarse opciones como:
- refinanciaciones;
- planes de reestructuración;
- negociación con acreedores;
- procedimientos especiales para microempresas;
- concurso sin masa cuando concurran sus requisitos;
- venta de activos estratégicos;
- reorganización de la actividad.
Cada empresa presenta unas circunstancias distintas y ninguna solución sirve para todos los casos.
Precisamente por ello resulta imprescindible analizar cada situación de forma individualizada.
El asesoramiento especializado marca la diferencia
La legislación concursal ha experimentado importantes modificaciones durante los últimos años.
Hoy conviven diferentes procedimientos según el tamaño de la empresa, la existencia o no de patrimonio, la viabilidad del negocio y el tipo de deuda existente.
Elegir correctamente el procedimiento puede significar ahorrar meses de tramitación, reducir costes y evitar responsabilidades innecesarias.
Por ese motivo resulta recomendable acudir a profesionales especializados en Derecho Concursal desde el primer momento en que aparecen las dificultades financieras.
Conclusión
La peor decisión que puede adoptar un empresario con problemas económicos es no tomar ninguna decisión.
La insolvencia rara vez desaparece por sí sola. En cambio, sí suele agravarse con el paso del tiempo.
Solicitar asesoramiento no significa rendirse. Significa conocer todas las opciones disponibles y elegir la estrategia más adecuada para proteger el patrimonio, la actividad empresarial y, cuando sea posible, garantizar la continuidad del negocio.
En materia concursal, actuar con rapidez no es un signo de debilidad. Es, probablemente, la mejor decisión empresarial que puede adoptarse cuando las dificultades económicas empiezan a llamar a la puerta.