Existe una pregunta que escuchamos con enorme frecuencia en nuestro despacho:
«¿Todavía estamos a tiempo de presentar un concurso de acreedores?»
La respuesta casi nunca depende únicamente de una fecha. Depende, sobre todo, del estado real de la empresa y de las decisiones que se hayan tomado durante los meses anteriores.
Paradójicamente, el mayor problema no suele ser haber llegado tarde al concurso, sino haber permanecido demasiado tiempo sin tomar ninguna decisión.
La falsa esperanza del «mes que viene mejorará»
La mayoría de los empresarios no dejan de luchar cuando aparecen las primeras dificultades económicas. Todo lo contrario.
Reducen sus propios salarios, aplazan inversiones, buscan nuevos clientes, renegocian préstamos, utilizan sus ahorros personales e incluso hipotecan su patrimonio familiar con la esperanza de que la situación sea temporal.
Esa actitud demuestra compromiso con el negocio.
El problema aparece cuando la realidad económica ya no responde a ese esfuerzo.
Llega un momento en el que la empresa deja de tener un problema de liquidez para convertirse en una empresa insolvente.
Y es precisamente ahí donde debe comenzar el análisis jurídico.
La insolvencia no siempre significa cerrar
Uno de los grandes errores que todavía persisten es identificar el concurso de acreedores con el cierre definitivo de la empresa.
Nada más lejos de la realidad.
La legislación concursal actual contempla distintos mecanismos destinados precisamente a intentar preservar la actividad empresarial cuando todavía existe viabilidad económica.
En muchas ocasiones el concurso constituye el principio de la recuperación y no el final del proyecto empresarial.
Permite reorganizar la deuda, paralizar ejecuciones, ordenar el patrimonio y ofrecer un marco jurídico seguro para negociar con los acreedores.
Naturalmente, no todas las empresas pueden salvarse.
Pero muchas más podrían hacerlo si acudieran antes al asesoramiento especializado.
Las señales que nunca deberían ignorarse
Toda empresa atraviesa momentos difíciles.
Sin embargo, existen determinados indicadores que deben hacer saltar todas las alarmas.
Cuando la empresa comienza a financiar gastos corrientes mediante préstamos, cuando la Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social empiezan a acumular deuda, cuando los proveedores reducen el crédito comercial o cuando los pagos dependen constantemente de nuevos ingresos que todavía no se han producido, probablemente el problema ya no sea puntual.
La tesorería deja de ser un instrumento de gestión para convertirse en un mecanismo de supervivencia.
Y esa diferencia resulta determinante.
Esperar puede salir muy caro
Retrasar las decisiones raramente mejora una situación de insolvencia.
Lo habitual es que provoque exactamente lo contrario.
Cada mes que pasa suelen aumentar las deudas, aparecen nuevos procedimientos judiciales, se deteriora la confianza de proveedores y entidades financieras y disminuye el valor real de la empresa.
Lo que meses antes podía haberse solucionado mediante una reestructuración puede terminar inevitablemente en una liquidación.
El tiempo, en Derecho Concursal, suele jugar en contra del empresario que permanece inmóvil.
El concurso también protege al empresario
Existe otra idea equivocada muy extendida.
Muchos empresarios consideran que solicitar un concurso supone situarse frente a sus acreedores.
En realidad ocurre justamente lo contrario.
El procedimiento concursal ofrece seguridad jurídica.
Permite ordenar la información económica, garantiza la igualdad entre acreedores y evita actuaciones individuales que puedan perjudicar tanto al patrimonio empresarial como al personal cuando concurren determinadas circunstancias.
Además, una actuación diligente transmite una imagen muy distinta a la de quien simplemente deja pasar el tiempo sin afrontar la situación.
La prevención sigue siendo la mejor estrategia
La experiencia demuestra que las empresas que buscan asesoramiento en las primeras fases de la crisis disponen de muchas más herramientas jurídicas.
Pueden analizar la viabilidad del negocio, estudiar una reestructuración, valorar un procedimiento especial para microempresas, comprobar si concurren los requisitos de un concurso sin masa o preparar una liquidación ordenada cuando ya no existe continuidad posible.
En cambio, cuando el patrimonio prácticamente ha desaparecido y las ejecuciones se acumulan, las posibilidades de actuación se reducen considerablemente.
Conclusión
No existe un día exacto en el calendario en el que una empresa pase de estar a tiempo a llegar demasiado tarde.
Lo que sí existe es un momento en el que la inacción empieza a generar más problemas que soluciones.
El Derecho Concursal no debe contemplarse como el último recurso cuando todo ha fracasado.
Debe entenderse como una herramienta de gestión empresarial que permite adoptar decisiones con seguridad jurídica, proteger el patrimonio y, cuando resulta posible, preservar la continuidad del negocio.
Porque, en muchas ocasiones, el verdadero fracaso no consiste en acudir al concurso de acreedores.
El verdadero fracaso es haber esperado tanto que el concurso ya no pueda cumplir la función para la que fue creado.